La Maestría en Derechos Humanos asume la vinculación como una dimensión fundamental que atraviesa toda su estructura académica. Más allá del aula, el programa se nutre de una relación viva y constante con los procesos sociales, políticos y culturales de su entorno. Esta perspectiva permite que la formación no se limite a la reflexión teórica, sino que se traduzca en intervención situada, diálogo con actores clave y producción colectiva de conocimientos con relevancia pública.
La colaboración activa con diversas instituciones —del ámbito público, social, nacional e internacional— fortalece la pertinencia del programa y amplía las posibilidades formativas para el estudiantado. A lo largo de su trayectoria, la experiencia de vinculación ha permitido generar proyectos conjuntos, elaborar diagnósticos compartidos, acompañar procesos organizativos y contribuir con herramientas jurídicas, pedagógicas o investigativas frente a problemáticas reales.
Una de las expresiones más relevantes de esta articulación es la actividad de promoción y defensa de los derechos humanos, obligatoria para todas las personas becarias. Durante seis meses, el estudiantado se incorpora a distintos espacios institucionales o comunitarios, aplicando sus conocimientos en contextos concretos y generando productos que fortalecen tanto su formación como las capacidades de las organizaciones receptoras. Esta retribución social no es sólo un requisito administrativo: es, sobre todo, una apuesta ética y política del programa.
En paralelo, la maestría impulsa espacios de colaboración con redes académicas y de investigación, que favorecen el intercambio interdisciplinario, el desarrollo de líneas emergentes de conocimiento y la participación en proyectos colaborativos. La colaboración social, entendida desde esta perspectiva, es parte integral de la identidad del programa.
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